lunes, 07 de octubre de 2019

Denfensoría objetó nueva suba de EPEC

Comunidad | El Defensor del Pueblo Adjunto Hugo Pozzi expuso en la Audiencia Pública por el pedido de aumento tarifario de EPEC. Dijo también que es imperativo que la empresa solucione inconvenientes en la lectura, envío y cobro de las boletas.

En su exposición Pozzi expresó que la demora en el envío, la corrección de lecturas que redundan en facturas más altas, el envío de dos boletas juntas y otras situaciones generan confusión y, sobre todo en contextos de aumentos de precios, dificultan la organización de las economías domesticas para afrontar todas las obligaciones.

Durante el último tiempo hemos constatado nuevas situaciones que afectan al usuario. Una es que se está facturando con vencimientos cada veinte días, lo que hace que un hogar en dos meses deba hacer frente a tres boletas del servicio de energía eléctrica. Por otra parte, llegan boletas con correcciones de lectura de periodos anteriores que se transforman en nuevas boletas por montos elevados. Otra práctica es la de cortar el servicio en propiedades que arrastran deudas no exigibles a los actuales ocupantes. Esta situación se plantea en general con inquilinos nuevos que padecen deudas de inquilinos anteriores explica el Defensor Adjunto.

Además, en su exposición Pozzi pidió a los responsables de EPEC tener en cuenta los tiempos difíciles como los que nos toca transitar, en los que debemos entre todos pensar en los que menos tienen y en cómo seguir llevándole a los cordobeses un servicio básico y esencial como es la energía eléctrica. En este sentido, solicitó evitar las interrupciones en el servicio de aquellos usuarios residenciales que tengan deudas acumuladas durante los últimos tres meses. A este respecto, explicó que no estamos pidiendo que no se abonen las deudas, sino que entendamos la situación que viven las familias cordobesas a partir de la falta de normalidad en la lectura, facturación y cobro del servicio, todo esto sumado a la situación económica reinante.

También expresó la preocupación porque algunos sectores están volviendo a una práctica peligrosa e ilegal como los ganchos. Esta situación implica un riesgo para la seguridad quienes lo hacen a la vez que una injusticia para los usuarios que hacen el esfuerzo de pagar regularmente. También implica un claro retroceso en la seguridad y calidad del sistema de prestación del servicio. Y un retroceso para toda la sociedad, al excluir cada vez a más personas del sistema.