La llegada del mes de abril encontró a la ciudad de Córdoba sumida en el caos vehicular producto de los cortes de avenidas y calles neurálgicas, protagonizados por organizaciones sociales en reclamo de trabajo genuino. La situación se extendió por 48hs y derivó en el malestar generalizado de gran parte de la ciudadanía cordobesa.

Durante una movilización masiva, desde el transporte público, las ambulancias, los automóviles particulares, comerciantes y el ciudadano de a pie, todos, ven afectados sus derechos a circular y a transitar libremente, provocando en ocasiones una afectación directa a los demás derechos fundamentales, sostuvo el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara.

Por tal razón, el Ombudsman provincial resaltó la urgente necesidad de encontrar un equilibro entre el derecho de petición y reunión que incluye la libertad de expresión y el derecho a transitar libremente. Y recordó que el Estado debe cumplir con su rol indelegable de armonizar y garantizar derechos, además de asegurar la integridad física de todas las personas.

De esta forma, Mario Decara instó al intendente de la ciudad de Córdoba, Martin Llaryora, y al Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, a que agoten todos los instrumentos disponibles a su alcance para garantizar los derechos en pugna y alcanzar una solución inmediata cuando se presenten este tipo de conflictos sociales.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia exhortamos al Gobierno de la Provincia de Córdoba y al Intendente de la ciudad capital a que en el ámbito de sus competencias garanticen el derecho ciudadano a movilizarse en forma pacífica dentro del cauce constitucional, de manera que un ejercicio indiscriminado del derecho a protestar no deje a los demás vacíos de contenido. Es tan legítimo el derecho a protestar como el derecho a circular libremente, amplió el Defensor.

También señaló que dado el poder de policía que tiene el Municipio capitalino, debe garantizar la implementación efectiva de operativos de seguridad vial y ordenamiento de tránsito, además de realizar controles y operativos preventivos y extraordinarios cuando se presenten movilizaciones masivas. Y destacó que es fundamental que las autoridades organicen las zonas aledañas a los conflictos, en un radio de al menos un kilómetro a la redonda, para evitar el entorpecimiento del tránsito.  

Por otro lado, reconociendo la importancia de respetar el derecho a disentir y reclamar públicamente, Decara recordó a las organizaciones sociales la importancia del ejercicio responsable de los derechos legítimos que también implican acciones mínimas como, por ejemplo, respetar el normal funcionamiento de servicios públicos (especialmente los relacionados a la educación, la seguridad y la salud pública), la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada, permitir la libre circulación de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos. Y les recordó la necesidad de notificar, en caso de corresponder, a las autoridades competentes.

Finalmente, el Defensor del Pueblo, puso a disposición de las organizaciones el Centro Público de Mediación Comunitaria de la institución que lidera, para canalizar el legítimo derecho a protestar, a peticionar a las autoridades y a la libertad para expresar disconformidad e indignación a través de mecanismos de diálogo y gestión pacífica de conflictos que impidan una escalada de situaciones de violencia y un escenario de mayor vulneración de los derechos de terceros.

 Todos debemos involucrarnos para construir una cultura de paz. En un sistema democrático, ser sujeto de derecho no conlleva superioridad de unos en detrimento de otros, sino que implica por el contrario el fuerte compromiso de convivir en una comunidad de iguales, donde los conflictos se debieran resolver por el diálogo, la deliberación y la negociación.  La violencia y la confrontación es la negación misma de los derechos humanos, concluyó Mario Decara.