La primera jornada del III Plenario de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) inició con actividades en conmemoración por los 30 años de la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución de 1994.
En ese marco, las autoridades de las defensorías que integran ADPRA, recorrieron el Museo de la Constitución e inauguraron la Cátedra Libre del Defensor del Pueblo en la Universidad Nacional del Litoral donde compartieron conocimientos, experiencias y puntos de vista con autoridades provinciales, académicas y estudiantes.
En esta instancia, la provincia de Córdoba fue representada por la Secretaria General de la Defensoría del Pueblo Constanza Monayar quien trasladó las inquietudes del Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo a sus pares.
Durante la segunda jornada, los/as asistentes participaron del Plenario en la sede del Rectorado de la Universidad del Litoral, para debatir y decidir sobre distintos asuntos como la situación nacional sobre dengue ?para la que funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe ofrecieron capacitaciones? y la gestión del Banco de Alimentos de dicha provincia.
También se propusieron acciones conjuntas para promover los principios de progresividad y su correlativo de no regresividad de los derechos humanos (poniendo énfasis en el caso del derecho a la igualdad y no discriminación hacia las mujeres en el contexto actual); se abordó la situación por la reforma de la ley de baja de imputabilidad de menores; se dialogó sobre la conformación actual y futura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se informó sobre la presentación judicial realizada por la Red Mujeres para la Justicia: la Acordada 7/2013.
Asimismo, se trató la necesidad de una tarifa diferenciada de energía para zonas cálidas y obras del sistema eléctrico (Formosa-Chaco) y la situación actual sobre juegos online y consumos problemáticos en niños y adolescentes que resulta de especial preocupación para la mayoría de las provincias.
Por último, se firmó un convenio marco con la Agencia de Acceso a la Información Pública y uno específico para realizar, desarrollar y gestionar actividades conjuntas para promover la protección de derechos, con especial atención en el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la defensa de los titulares de dichos datos y/o usuarios autorizados de los servicios de telefonía.
Finalmente, se definieron aspectos administrativos, de funcionamiento interno y otras gestiones frente a organismos públicos y privados.