Durante la Audiencia Pública Nº 102 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) prevista para el día de ayer, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba solicitó evaluar la readecuación de las tarifas de servicios públicos, en este caso del gas natural de red, en el contexto económico actual.

En ese espacio, recordó la importancia de pensar un sistema equilibrado que considere aspectos como la salud económica en el largo plazo del sistema que incluye la producción, transporte y distribución del gas natural, la universalidad en el acceso a la red de gas natural por parte de toda la población, la calidad en el suministro del servicio y una adecuada atención comercial de los ciudadanos usuarios por parte de la prestadora y, lo que consideró más importante aún, la determinación de valores acordes a la capacidad de pago de los usuarios.

Asimismo, y debido a las consideraciones especiales que demanda el contexto, señaló que para el presente año no debiera existir ninguna readecuación tarifaria que supere el porcentaje de aumento anual que reciban los jubilados nacionales. Los jubilados vienen siendo castigados sistemáticamente por todos los gobiernos sin distinguir bandera ni color político. Nos ha tocado atender en Córdoba jubilados que destinaban el 60% de su jubilación a pagar los servicios de agua, luz y gas natural. No puede volver a pasar esto, sostuvo Mario Decara tras la participación de la institución que dirige en la Audiencia Pública.

Además, el defensor provincial solicitó a las autoridades del ENARGAS que agilicen las aprobaciones necesarias para la ejecución de obras nuevas en el marco de la Resolución I910 y resaltó la necesidad de un plan de obras para los próximos años.  

Finalmente, reiteró el reclamo de que la distribuidora Ecogas asuma el déficit en la  atención comercial que brinda a los vecinos de la ciudad de Córdoba ya que una sola oficina de atención comercial resulta insuficiente.

El Estado desde sus distintos lugares debe propiciar que de una vez por todas busquemos el justo medio entre un sistema que se sostenga en el largo plazo y tarifas justas y razonables para los ciudadanos usuarios. No podemos acostumbrarnos a vivir en un estado de transición permanente. Con la confirmación de las autoridades del ente por un año más, creemos necesario el abordaje definitivo y por ende el diseño de una política tarifaria que dure y no ponga en riesgo el equilibrio entre empresas prestadoras y ciudadanos usuarios concluyó Decara.