Cualquier persona, grupo, asociación o sociedad, que se sienta perjudicada en sus
derechos por actos, hechos u omisiones de algún organismo público, tiene derecho
de realizar un reclamo en ese organismo que cometió la irregularidad.
Si pasado un tiempo prudencial, no ha recibido una respuesta satisfactoria, puede
hacer un reclamo ante el Defensor del Pueblo.