En dicho encuentro, ADPRA manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que se vete la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario, la cual es considerada una herramienta clave para recomponer el presupuesto de las universidades nacionales en un contexto de emergencia. La ley, aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, propone la actualización de los recursos universitarios en función de la inflación acumulada y su distribución equitativa, garantizando el correcto funcionamiento de las instituciones y el derecho a una educación superior de calidad.
Desde la Defensoría del Pueblo de Córdoba suscribimos a este pronunciamiento, reconociendo que el eventual veto a esta normativa afectaría los derechos fundamentales de estudiantes y trabajadores universitarios, así como el funcionamiento y desarrollo de actividades claves como la investigación y la extensión, esenciales para el progreso de nuestra sociedad.
Consideramos que esta decisión pondría en riesgo los acuerdos salariales y el funcionamiento adecuado de las universidades, generando un impacto negativo tanto en la calidad educativa como en el avance científico y tecnológico del país.
Carlos Galoppo destacó: "los jóvenes son agentes clave de transformación en la sociedad, aportando respuestas innovadoras y creativas a los desafíos actuales, por esta razón necesitamos asegurar el financiamiento universitario para que continúen siendo protagonistas del cambio".
ADPRA enviará notas formales a la Secretaría General de la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete de la Nación, exponiendo los argumentos discutidos durante el plenario, a lo cual la Defensoría del Pueblo de Córdoba adhiere plenamente.