Mario Decara solicitó a organismos nacionales una respuesta rápida, concreta y definitiva a la problemática que atraviesan los suscriptores de planes de ahorro de la provincia de Córdoba y del resto del país por los aumentos desmedidos en el precio de las cuotas.

Más de 700 suscriptores pidieron la intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

Decara solicita que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) implementen medidas urgentes para mitigar los graves perjuicios que el aumento irracional de las cuotas de los Planes de Ahorro causa en la economía de los suscriptores. Considera que el diferimiento del pago como único mecanismo no es suficiente.

Entre las medidas que el Defensor del Pueblo propone, recomienda que, en el marco de la Ley de Emergencia Pública (27.541), las empresas administradoras de planes de ahorro vigentes no puedan liquidar cuotas que excedan el 20% del valor de los ingresos mensuales de los suscriptores, ahorristas y/o adjudicados. Además, ese monto debe incluir todos los conceptos excepto el del seguro del automotor correspondiente. Y que, en el caso de la derogación de esta ley, el tope máximo de la cuota mensual no sea superior al 30% del salario de cada suscriptor de contratos vigentes.

También que, para cubrir el aumento del precio de los bienes a adquirir mediante planes de ahorro, este se efectúe una vez finalizado el plan, financiado en cuotas mensuales y consecutivas, con idéntico tope hasta alcanzar el pago total adeudado. Esta readecuación financiera no podrá demorar la entrega de la unidad y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las sociedades administradoras y automotrices.

Además, Decara recomienda que la IGJ implemente medidas para determinar el valor fijo de los bienes a adquirir mediante planes de ahorro. En este sentido, propone que ese valor quede fijo al momento de la firma y que se actualice conforme el índice RIPTE que elabora el BCRA, integrado en un 50% por la inflación y el 50% por el aumento de salarios.

Otra propuesta es que se disponga una reducción mínima del 30% del tope máximo para los montos autorizados a la empresa a percibir en concepto de cargas administrativas, derechos de suscripción y de adjudicación.

Además, pide establecer el cumplimiento de una serie de condiciones para la aprobación de nuevos planes de ahorro, como:

Que las cuotas mensuales que no excedan el 20% de los ingresos salariales mensuales y regulares del suscriptor, excepto el seguro del automotor.

Que las administradoras de planes de ahorro no puedan exigir otro seguro del automotor que no sea el obligatorio para circular, este es el de responsabilidad civil contra terceros. También la posibilidad de la libre elección y contratación directa del seguro por parte del suscriptor.

La obligación, a cargo de las automotrices y concesionarias, de garantizar la existencia de la unidad a la fecha de entrega.

El deber de las empresas de informar de manera clara y accesible sobre al carácter variable/fijo de las cuotas, detalle de gastos administrativos, costos de entrega del vehículo, fletes, patentamiento, derecho del suscriptor de solicitar la baja del plan, etc. También que se instrumenten medidas efectivas para evitar la publicidad engañosa.

Por último, sanciones claras y precisas para el respecto al incumplimiento por parte de las empresas de alguna de las disposiciones implementadas de los organismos estatales.